El fracturamiento hidráulico o fracking es una técnica de explotación de petróleo y gas que demanda grandes cantidades de agua para poder romper las rocas que contienen a los hidrocarburos y así permitir su flujo hacia un pozo petrolero y de ahí conducirlo a la superficie. Un pozo típico destinado a esta actividad puede demandar entre 4 y 40 mil metros cúbicos de agua, sin embargo, conforme los mejores recursos petroleros dentro de una región se van agotando los requerimientos hídricos aumentan pudiendo llegar a una demanda de agua que supera los 100 mil metros cúbicos por pozo
Para servir al fracking y formar el fluido de fracturamiento, el agua empleada se mezcla con una gran cantidad de aditivos químicos -como ácidos para disolver minerales presentes en la roca o anticorrosivos que eviten el daño a las tuberías- y también partículas apuntalantes -que sirven para evitar que las fracturas inducidas en la roca se cierren-. Muchos de estos compuestos químicos son altamente tóxicos y resultan peligrosos para la salud humana. Cuando el agua inyectada a la formación rocosa, o parte de ella, regresa a la superficie esta se acompaña de agua que originalmente se encontraba en el subsuelo y otros elementos que le acompañan como: minerales, metales, compuestos orgánicos, químicos radiactivos, ácido sulfhídrico, entre otros compuestos.
Estas características propias del fracking hacen imperativo el conocer, o al menos estimar, la cantidad de agua que esta actividad petrolera requiere. Los yacimientos petroleros no pueden cambiar su ubicación, por lo cual, tanto el suministro de agua requerido así como su disposición van a ocurrir en las regiones que contienen o colindan con las áreas de explotación de petróleo y gas. Lo anterior puede implicar un gran impacto hídrico dentro de en la cuenca del lugar o en la cuenca desde la que se trasvasa el agua empleada, dicha situación adquiere aún más relevancia cuando todo ello sucede en zonas áridas o semiáridas que de entrada ya se encuentran sometidas a una situación de estrés hídrico.
Sumado a lo anterior se tiene el riesgo y capacidad potencial del fracking para contaminar de forma irreversible millones de litros de agua, lo que resulta totalmente inaceptable para las comunidades cercanas a los pozos y lo hace totalmente inviable para las regiones con estrés hídrico.
El informe “Estimación del consumo requerido de agua para la explotación de recursos petroleros no convencionales mediante fracturación hidráulica en México” es un ejemplo de la aplicación de la metodología que emplea la calculadora al caso mexicano y explica la importancia de contar con estos cálculos para una toma de decisiones orientada a priorizar el cuidado del agua.
Los grandes requerimientos de agua asociados al fracking, así como su capacidad para contaminar la misma, han motivado la búsqueda de medios ya sea para aumentar la oferta de agua -mediante el uso de aguas salobres, por ejemplo-, para disminuir su demanda -reutilizando el agua producida- y formas de descontaminar el agua producida de tal forma que pueda ser destinada para otros usos. En este sentido, lo que debe quedar claro es que en el presente, estos procedimientos son costosos, no son eficientes y que hoy por hoy, en casi la totalidad de los casos, el agua empleada para el fracking sigue proviniendo de fuentes de agua dulce y que al final de su ciclo de uso esta agua se inyecta al subsuelo a través de los conocidos como pozos letrina, una actividad que en algunas regiones ha provocado un aumento de la actividad sísmica así como contaminación de los cuerpos acuíferos subterráneos.
Ante este panorama, es pertinente tener en claro cuánta agua se requiere para extraer hidrocarburos o gas de una región y cuáles son los impactos de optar por esta alternativa.
De acuerdo con el Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos Agua y Saneamiento 2017, no hay forma de que el agua utilizada para el fracking pueda ser reutilizada en otras actividades de interés para las personas. Es decir, que destinar el agua a esta práctica implica violar el derecho humano al agua potable, dado que compromete la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad del agua, elementos que hacen posible el ejercicio de este derecho, vinculado además con los derechos a la salud y al medio ambiente y a la vida, entre otros.